Por: Guido Lorenzino*

4 de Marzo de 2022 | 03:02 Edición impresa

Estamos viviendo una revolución. Puntualmente, la cuarta revolución industrial. El poder de las computadoras, la Internet móvil, y la tecnología de la nube han hecho que seamos ciudadanos y ciudadanas digitales.

Lo que antes hacíamos fuera de línea, trabajar, estudiar, conversar, comprar, vender, amar; hoy sucede en el metaverso. Interactuamos, sin darnos cuenta, entre el mundo físico y el digital. Ya no hay fronteras. En la palma de nuestras manos sostenemos el portal de acceso a nuestra existencia virtual.

Por eso es vital pensar en los derechos humanos y la ciudadanía digital. Puntualmente, en la identidad y nuestros

datos personales. Desde nuestra primera conexión y hacia adelante, dejamos un camino de miguitas, una huella digital. En paralelo, las grandes empresas que impulsaron la revolución se han apropiado de nuestra biografía.

Google, Meta (Facebook), Amazon, entre otras, saben más de nosotros/as que nosotros/as mismos. Hábitos, reacciones, rutinas, consumos, acciones. Desde ahí pueden direccionar la publicidad, monetizar nuestras prácticas y condicionar parte de nuestros consumos (materiales, culturales, etc.).

Por eso el caso “Denegri c/ Google” sobre derecho al olvido, por el que la Corte Suprema llamó a audiencia pública, es tan importante. Hoy Natalia, a quien apoyamos desde la Defensoría del Pueblo, se encuentra cautiva de una empresa y un algoritmo.

Google, a través de un código de programación, exhibe información relacionada con Natalia que no la representa, que nada tiene que ver con sus decisiones personales y profesionales, con su presente. Los algoritmos, con sus sesgos (después de todo los escriben personas), la mantienen anclada a un pasado que ella decidió dejar atrás.

Natalia son las niñas y niños que hoy, a poco de andar, se vinculan con tablets y celulares, a quienes fotografiamos los/as adultos/as, y quienes han nacido inmersos/as en este universo digital. Natalia son las y los millones de ciudadanos que pueden ver marcada a fuego sus vidas por una decisión en un momento determinado.

La pregunta, entonces, es por la propiedad de nuestras biografías. La libertad de narrarnos no puede estar condicionada por un algoritmo cuya propiedad intelectual y su rédito económico pertenece a una empresa. En el mundo de los gigantes tecnológicos no hay rendición de cuentas, no existen instituciones de defensa de la ciudadanía, y desde el

Estado encontramos serias dificultades para extender los marcos de protección ciudadana.

La Corte Suprema debe fallar en favor de Natalia. Por ella, claro, pero por nosotros y nosotras. Por la libertad. Por el derecho humano al proyecto de vida, que incluye la posibilidad de que nos equivoquemos. Todos y todas debemos poder errar, sin que ello implique imprimir con tinta indeleble nuestra sentencia definitiva o un rótulo a perpetuidad.

* Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires